El acuerdo entre PARTES de Ecuador y EEUU, Ocupación militar extranjera y entrega total de país

Acuerdo sobre el estado de las fuerAcuerdo sobre el estado de las fuerzas, o por sus siglas en inglés (SOFA)zas, o por sus siglas en inglés (SOFA)

Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo con Ecuador que regula la presencia del personal militar y civil estadounidense en suelo ecuatoriano. Los acuerdos SOFA han sido implementados por EEUU en casi todo el mundo, son acuerdos entre un país anfitrión y una nación extranjera que coloca fuerzas militares en ese país.

Este pacto, firmado por Gustavo Manrique Miranda, Ex Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Lasso en 2023 e implementado por el presidente Noboa, genera una enorme preocupación sobre nuestro país, al suscitar comparaciones con acuerdos previos que Estados Unidos ha implementado en otras naciones, como en Colombia, Japón, Irak, Corea del Sur, donde la violacion a los derecho humanos por parte de soldados norteamericanos en casos de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo han sido el pan de cada día.

Como el caso de las 53 menores de edad que fueron violadas por soldados y contratistas de EE.UU. en Colombia, quienes grabaron los abusos y vendieron los videos como material pornográfico, esto fue denunciado en el "Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas" y por la Defensoría del Pueblo de Colombia, o el caso de las 2 niñas atropelladas por un vehículo militar norteamericano en Corea del Sur, que provoco un caos social cuando la población se enteró que los soldados habían sido absueltos y declarados inocentes por un tribunal militar estadounidense en 2002,  por lo que estos acuerdos, han sido fuertemente cuestionados por su impacto en la soberanía de los países involucrados.

Este acuerdo en cuestión aborda una amplia gama de aspectos, otorgando una serie de privilegios y exenciones a la presencia estadounidense en Ecuador. Algunas de las cláusulas más destacadas incluyen la jurisdicción penal ejercida por Estados Unidos sobre su personal en Ecuador, lo que constituye una exoneración a los soldados para ejecutar a quienes consideren criminales de “guerra”, sin ningún filtro constitucional del estado de derecho ecuatoriano. La libre circulación y exención de impuestos para el personal estadounidense, así como la posibilidad de utilizar todo el espectro radioeléctrico sin costo alguno para las Fuerzas Armadas de EE.UU, lo que entrega en manos de EEUU la intersección de todas las comunicaciones a nivel nacional, sin que necesariamente sea utilizado para erradicar el crimen.

Este tipo de acuerdos no son nuevos en la política exterior de Estados Unidos, y su implementación ha sido una táctica de control y sumisión para los países dentro de su órbita geopolítica, utilizando como pretexto la declaración de una guerra o conflicto interno, como en Colombia lo fue la “guerra contra el narcotráfico”, en Ecuador se formaliza este acuerdo mediante el ataque de los 22 grupos de delincuencia organizada a los que, con el Decreto 111, se los ha declarado "terroristas", posterior a la muy cuestionada toma de las instalaciones de TC televisión.

La exención de impuestos y cargos ecuatorianos para el personal estadounidense, junto con la libre contratación de ciudadanos ecuatorianos para las necesidades militares de Estados Unidos, plantea interrogantes sobre la equidad en los beneficios para ambas partes. Además, la libre circulación de vehículos militares estadounidenses sin pagar peajes ni tasas en territorio ecuatoriano pone en cuestión el comportamiento de los norteamericanos en el país, y es prácticamente una ocupación militar, aunque el derecho internacional burgués, no lo defina así.

Además del libre derecho a importar y exportar personal, equipos, tecnología, sin ningún tipo de inspección, licencia o restricciones, tasas o impuestos según lo dice el artículo 4 y 5 del acuerdo, deja muchas puertas abiertas, por lo que tranquilamente podrían ser artífices de todo el narcotráfico que dicen combatir, como sucedió en Nicaragua cuando la CIA comprendió los beneficios de controlar el narcotráfico y hasta participar en el negocio, así se organizó el tráfico de drogas a través del grupo armado los Contra, y el piloto Barry Seal que fue reclutado por la CIA para llevar la droga a EEUU.

Otro punto de controversia es la resolución de reclamos bajo las leyes de Estados Unidos, lo que podría poner en desventaja a ciudadanos ecuatorianos que buscan justicia por daños o lesiones causados por el personal militar o contratistas estadounidenses, como sucedió en el caso Colombiano con la violación de las 53 menores, donde el estado se vio impedido de aplicar la ley, y estos quedaron en la absoluta impunidad, lo mismo está siendo aplicado en Ecuador, no existe mecanismo jurídico ecuatoriano que regule la aplicación de la ley penal sobre los soldados, solo se aplicará el artículo 3 del acuerdo.

El hecho de que el acuerdo permita acuerdos adicionales y prevalezca sobre acuerdos anteriores, plantea la posibilidad de una mayor injerencia estadounidense en el futuro, lo que lleva a cuestionar la soberanía nacional y la capacidad de Ecuador para tomar decisiones independientes.

Este acuerdo aún está sujeto a la revisión de la Corte Constitucional de Ecuador para su aprobación final, lo que agrega un elemento adicional de incertidumbre, ya que es conocido que la actual Corte Constitucional se encuentra entregada de pies y manos al Gobierno de Noboa y es altamente probable que lo aprueben.

La decisión final podría tener implicaciones duraderas en las relaciones bilaterales entre ambos países, ya que entrega al país a una suerte de Plan Colombia y la fatídica Guerra contra el narcotráfico que libro EEUU en ese país, sin ningún resultado favorable para Colombia, más que miles de desplazados, asesinatos impunes, y la perdida de la soberanía y control militar de la nación.